NUEVOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD

Los trámites conllevarán un coste aproximado de 300 euros

El pasado quince de octubre entró en vigor los nuevos requisitos para la obtención de la nacionalidad española por residentes extranjeros en España, introducidos por la ley 19/2015, de 13 de julio en su disposición final séptima. A los requisitos actuales se añade dos pruebas, una de idiomas (conocido por sus siglas DELE) y otro sobre conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE), a cargo del Instituto Cervantes, a parte del pago de una tasa de 100 euros para la tramitación del expediente.

La primer de ellas, la prueba de idiomas, acreditar un nivel mínimo A2 será obligatorio para los residentes cuyo país de origen no tenga el castellano como idioma oficial, medida a mi entender coherente teniendo en cuenta que el trámite es para obtener la nacionalidad española, por lo que parece lógico exigir un mínimo de conocimiento de la lengua oficial. La acreditación se podrá obtener en cualquiera de los centros autorizados por el Instituto Cervantes, previo pago del precio establecido, que difiere en función del sitio (a título orientativo, en el Centro Internacional de Español de la UMA está alrededor de 124 euros)

 Por otro lado, deberán realizar una prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales, cuyo conste de inscripción es de 85 euros. Precio que incluye los derechos de examen y el manual de preparación de la prueba, que consta de 25 preguntas tipo test, de las cuales habrá que responder un mínimo de 15 para obtener la calificación de apto. Esta se justifica con arreglo al  artículo 22.4 del Código Civil, según el cual “El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. En este punto, considero incoherente y absurdo hacer depender la obtención de la nacionalidad a la superación de una prueba, que muchos españoles de origen dudo que superasen, y en todo caso no refleja una mayor o menor integración, o mayor o menor “merito” para obtener la nacionalidad.

En términos generales, el trámite supondrá en mi opinión una suerte de trámites administrativos adicionales, antagónico a la necesaria simplificación y agilización a la que debe tender  la administración en su funcionamiento, y es que si bien la nueva normativa dispone que el procedimiento tendrá carácter electrónico, la introducción de las citadas pruebas augura una mayor dilación en la tramitación del expediente. Todo esto, unido al coste del conjunto de trámites que tendrán que soportar los interesados, de de algo más de 300 euros para aquellos residentes que tengan que pasar las dos pruebas.